Imagen del vuelo de deportación a Cuba procedente de EE UU publicada por el Ministerio del Interior. / X/@minint_cuba

UNA CANDIDATA demócrata en Florida estima que 13.000 cubanos fueron deportados en los dos mandatos de Trump. EE UU-Cuba. PHOTOS.

La candidata al Senado, Angie Nixon, califica al mandatario como “deportador en jefe”.

MADRID- WASHINGTON- Dispuesta a luchar por el voto cubano, pese al desafío que inicialmente supone, la candidata demócrata al Senado por Florida, Angie Nixon, recordó en una intervención televisiva este lunes el elevado número de personas de la Isla que han sido deportadas durante las dos Administraciones del actual presidente de EE UU. “Donald Trump es el deportador en jefe”, dijo en el programa Facing South Florida de CBS News Miami.



Nixon lamentó que 13.000 cubanos hayan sido deportados durante el tiempo que Trump lleva en el cargo, a pesar de haber recibido un fuerte respaldo en las urnas de los cubanoamericanos. Las cifras salen de la suma de distintas fuentes. Por un lado, el dato de deportados durante el primer mandato del republicano es oficial y procede de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, que los sitúa en unos 3.400 cubanos. No existe, por el momento, una estimación correspondiente a este segundo período, pero Human Rights Watch calcula que son alrededor de 8.500 cubanos.

Además, están los enviados específicamente a México, unos 4.400 cubanos según el informe publicado en mayo de este año por la misma organización.

Además, están los enviados específicamente a México, unos 4.400 cubanos según el informe publicado en mayo de este año por la misma organización. En aquel documento, de 66 páginas, la ONG lamentaba que el 26% no tenía ninguna causa penal y señalaba que solo el 16% de los que sí la tenían era por algún delito grave o violento. Una gran mayoría habían vivido en EE UU durante décadas y su expulsión a México les había expuesto a una gran vulnerabilidad, ya que se encontraban repentinamente en un país ajeno, sin derechos y sin acceso a vivienda o medicamentos.

En total, 18.000 personas fueron deportadas entre enero de 2025 y marzo de 2026, de las que 13.000 acabaron en ese país. El dato pone de manifiesto que más de un tercio de los expulsados eran cubanos, una nacionalidad que durante décadas no ha estado precisamente en el blanco de las autoridades migratorias de EE UU, que habían protegido a los exiliados de la Isla.

Nixon lamentó que todo ello ha cambiado durante la Administración de Trump, que además ha puesto fin a los programas específicos para acoger a los cubanos que salieron masivamente desde 2022 por una combinación de factores que incluyeron el deterioro socioeconómico, el agravamiento de la represión tras el 11J y la reapertura de fronteras pasado lo peor de la pandemia. La demócrata obvió recordar que Barack Obama fue el presidente que, en los últimos días de su mandato, en enero de 2017, eliminó la política de “pies secos-pies mojados”, que permitía a los balseros cubanos quedarse en EE UU.

La cancelación del programa parole –que permitía la llegada a EE UU de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos– siempre y cuando fuera patrocinados por un residente en el país fue tan lejos que llegó al Tribunal Supremo, donde fue revocado definitivamente en mayo de 2025, poniendo fin al permiso de más de medio millón de personas.



Las deportaciones de cubanos habían sido mínimas no solo por las excepciones migratorias que afectaban a los exiliados de la Isla, sino también por la oposición del régimen a aceptar la devolución de ciudadanos que salieron del país. Esa política cambió cuando en abril de 2023 el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y la Administración de Joe Biden acordaron reanudar los vuelos de deportación operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero desde esa fecha hasta diciembre de 2024 los cubanos que regresaron a la Isla desde EE UU ascendieron aproximadamente a entre 1.000 y 1.200.

Desde entonces, la cantidad se desconoce, y aunque la mayoría de los meses llega un vuelo chárter a Cuba con alrededor de un centenar de personas, Washington ha encontrado otras vías para deshacerse de los cubanos que La Habana rechaza. Una de ellas –aparte de la mexicana– está en el envío a terceros países, incluyendo algunos africanos.

El debate migratorio promete estar en el centro de los debates del estado de Florida, aunque las encuestas siguen dando ventaja a los republicanos. En el senado, la republicana Ashley Moody tiene en torno al 49% de los votos promediando la mayor parte de sondeos, mientras Nixon ronda el 43% siguiendo la misma técnica.

Agencies/ 14yMedio/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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LA HABANA deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera. PHOTOS.



La nueva normativa flexibiliza los contratos, pero mantiene la propiedad estatal de los yacimientos y la prioridad del suministro interno.

LA HABANA- En medio de una profunda crisis energética y tras casi nueve décadas sin actualizar la legislación sobre minerales combustibles, el régimen cubano oficializó este lunes la entrada en vigor del Decreto-Ley 135/2026 “De Petróleo y Gas” y su Decreto 184/2026 (Reglamento). La normativa deroga la obsoleta Ley de Minerales Combustibles de mayo de 1938 y la Ley 635 de 1959, con el objetivo explícito de rediseñar las reglas de juego para la inversión extranjera y el control estatal sobre la cadena de valor de los hidrocarburos.


El articulado reconoce abiertamente la inadecuación del marco legal anterior a la actual situación de descalabro socioeconómico al apuntar que dichas leyes “no se corresponden con el marco constitucional y resultan inaplicables en el presente contexto político, socio-económico y tecnológico; lo que hace necesario actualizar el marco jurídico”.

Reordenamiento para los inversores y modalidades de participación

El Decreto-Ley flexibiliza los mecanismos contractuales para habilitar a empresas nacionales y extranjeras en la exploración y explotación de crudo. Las modalidades principales serán los Contratos de Producción Compartida (con plazos de hasta 40 años, prorrogables por 10 más), las Concesiones Petroleras (hasta 30 años, prorrogables por diez) y los Contratos de Servicios Petroleros.


No obstante, el Estado ratifica su dominio absoluto sobre el recurso bajo el principio constitucional de “propiedad socialista de todo el pueblo”: “Los yacimientos de petróleo, gas y sustancias que los acompañan son de propiedad socialista de todo el pueblo y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del Estado”.

Asimismo, la norma advierte que “el Estado puede denegar el otorgamiento de cualquiera de estos títulos por motivos de seguridad nacional” y prioriza la demanda interna: “respetando la prioridad del Estado en la adquisición de los volúmenes necesarios para la seguridad energética nacional, bajo condiciones competitivas”.

Apretón fiscal y control a partes vinculadas


En el ámbito fiscal, el Reglamento fija un marco regulatorio estricto con límites máximos para la recuperación de costos en contratos de producción compartida: un 65% de la producción bruta en tierra y aguas someras y hasta un 75% en aguas profundas. En el caso de las concesiones, se imponen el canon de superficie y regalías escalonadas.

Para prevenir la evasión fiscal o la fuga de capitales por parte de operadoras privadas o mixtas, la normativa introduce salvaguardas explícitas: “Se prohíbe expresamente al Concesionario la transferencia de utilidades al exterior mediante la simulación de gastos, la subcapitalización excesiva, el pago de regalías tecnológicas injustificadas o la venta de hidrocarburos a partes vinculadas por debajo de los precios de referencia del mercado internacional”.

Responsabilidad ambiental y delictiva

El texto legal cataloga las operaciones de hidrocarburos como “actividades de alto riesgo” y establece la responsabilidad objetiva, obligando a la reparación integral o indemnización por daños ecológicos e industriales sin necesidad de probar culpa: “el operador o responsable es imputable por los daños causados, sin necesidad de acreditar culpa o negligencia, basta la demostración del nexo causal entre la actividad y el daño producido”. De igual manera, se imponen cláusulas estrictas sobre el manejo del gas, que prohíben su venteo y quema en antorcha salvo en emergencias justificadas.

Finalmente, ante el incremento del mercado negro y las indisciplinas en la distribución de combustible, el ordenamiento responsabiliza directamente a los operadores por la seguridad física y prevé medidas drásticas ante infracciones y delitos.


Con este nuevo marco, que entra en vigor de inmediato, el ahogado régimen cubano busca desesperadamente ofrecer garantías jurídicas que atraigan inversión internacional a la descapitalizada industria energética nacional, pero sin soltar el estricto control estatal.

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UN FLUJO QUE NO SE DETIENE: Uruguay abre una salida al limbo migratorio de miles de cubanos. PHOTOS


Un decreto presidencial contempla la residencia permanente para solicitantes de refugio, en su mayoría cubanos, aunque les exige renunciar al trámite de asilo.

MONTEVIDEO,URUGUAY: El Gobierno de Uruguay ha decidido abrir una puerta para quienes llevan años atrapados en el sistema de asilo del país. Un decreto fechado el 8 de octubre de 2026 crea un mecanismo especial de residencia permanente por arraigo para los solicitantes de refugio y ofrece una salida al limbo en el que se encuentran decenas de miles de cubanos.


La norma lleva la firma del presidente Yamandú Orsi, del ministro del Interior, Carlos Negro, y de Valeria Csukasi. Entrará en vigor 90 días después de su publicación. El decreto figura en el portal de normativa de Presidencia de Uruguay como “Decreto S/N/026”, aún sin número definitivo, pero no consta, al cierre de esta nota, su publicación en el Diario Oficial (IMPO).

Residencia a cambio de refugio

El decreto se dirige a extranjeros que hayan entrado a Uruguay antes del 1 de enero de 2026 y estén en una de dos situaciones. La primera es ser solicitante de refugio y renunciar de forma expresa a esa solicitud. La segunda es tener una denegación firme.


La renuncia se anota en el expediente y se comunica a la Comisión de Refugiados (CORE). El funcionario que la reciba debe explicar sus consecuencias al solicitante. Con el inicio del trámite se emite un certificado para obtener una cédula provisoria como residente en trámite. Al concederse la residencia permanente, se emite el certificado para la cédula definitiva.

La Cancillería atribuye el atasco en el tema refugios a “un desajuste estructural” entre el volumen de solicitudes y la capacidad de la CORE. Con este decreto, el Ejecutivo da salida a parte de ese volumen sin que la comisión tenga que resolver cada caso. El propio decreto lo justifica como “una vía alternativa de regularización migratoria”. Para su fundamento citan el derecho al asilo y la Ley 18.250, que reconoce el derecho a migrar como derecho humano.


Los requisitos que pesan sobre los cubanos

Para acogerse, el solicitante debe haber entrado por un punto de control migratorio habilitado. No puede tener impedimentos legales de ingreso o permanencia ni otra vía de regularización disponible. Tiene 12 meses desde la entrada en vigor para pedirla, con una prórroga posible, por una sola vez, de otros 12.

Entre los documentos exigidos están la foto carné y un documento de identidad vigente; el certificado de antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior, el certificado de vacunación y la acreditación de medios de vida propios o del núcleo familiar. Para ello hay que aportar la historia laboral del Banco de Previsión Social o un certificado notarial, con ingresos mensuales superiores al salario mínimo nacional.


Los dos últimos puntos son los más difíciles para muchos cubanos. El certificado penal obliga a tramitar documentos ante autoridades de la Isla, lo que implica costos y dependencia del Estado del que muchos dicen haber huido. El requisito de ingresos deja en desventaja a quienes, tras años sin residencia, no han podido formalizar un empleo.

El decreto prevé un alivio. Por razones fundadas, la Dirección Nacional de Migración podrá eximir de los documentos expedidos por el país de origen. Para ello podrá considerar la situación humanitaria allí, la falta de consulado o embajada en Uruguay, los costos o la ausencia de familiares. También se contempla un plan de respuesta rápida para casos de especial vulnerabilidad. Ambas medidas son facultativas. No garantizan que se apliquen.


Esta no es la primera vez que Uruguay recurre a esta fórmula. En mayo de 2024, el Gobierno de Luis Lacalle Pou creó mediante el Decreto 138/024 el programa de residencia por arraigo, pensado para regularizar a unos 20.000 extranjeros que habían entrado como solicitantes de refugio, en su mayoría cubanos. El actual Gobierno no renovó esa posibilidad una vez vencido el plazo. El nuevo decreto reabre esa vía, con el corte de ingreso fijado en el 1 de enero de 2026.

El límite del 1 de enero

Según la OIM, citada por Bloomberg Línea, entre enero y mayo de este año llegaron y se quedaron 5.946 cubanos. Por el paso de Rivera siguen entrando unos 30 al mes con solicitudes de refugio. Una parte de ellos queda fuera del decreto antes de que este entre en vigor.


Qué se pierde y qué se conserva

La renuncia al refugio tiene un costo jurídico. Pero el artículo 8 deja abierta una salvaguarda: un residente por arraigo conserva el derecho a pedir refugio de nuevo al amparo de la Ley 18.076. Queda por ver cómo aplicará la CORE esa cláusula, y si volver a pedir el estatus será viable o más bien teórico.

De las cerca de 30.000 solicitudes cubanas de refugio, solo 52 personas tienen hoy el estatus. En 2025 se aprobaron dos casos, en 2024 fueron seis y en 2023, siete. El máximo reciente fue de 13, en 2019.


Fuentes de la CORE consultadas por El País dieron dos explicaciones. Unas dijeron que validar los relatos de persecución política equivaldría a reconocer institucionalmente violaciones de derechos humanos en Cuba, con riesgo para la relación con el régimen cubano. Otras apuntaron a que muchos emigraron por la crisis económica, sin poder probar una amenaza concreta de las que contempla la ley.

La diputada suplente del Partido Nacional Leydis Aguilera, la primera de origen cubano en la Cámara, habla de “falta de voluntad política”. La opción de arraigo evita ese choque, porque permite regularizar sin que el Estado uruguayo dictamine sobre la situación de derechos humanos en Cuba.

Salir del limbo

Para quienes llevan años esperando, el alivio puede ser concreto. Aguilera describió casos de más de tres años sin respuesta, con alquileres y préstamos negados y niños sin continuidad con especialistas médicos. “Son personas que quedan en un limbo migratorio”, afirmó. La residencia permanente habilita el acceso progresivo a derechos civiles, económicos, sociales y culturales, según los considerandos del decreto.

Un flujo que no se detiene

Uruguay gana peso como destino en la nueva geografía del éxodo cubano, con el colapso de la ruta del Darién. Muchos cubanos vuelan a Guyana y siguen por tierra hacia Brasil como ha documentado DIARIO DE CUBA. La OIM advierte de cruces irregulares y redes de tráfico, con servicios que cuestan entre 1.200 y 10.000 dólares.

En Brasil el panorama es similar. Entre enero y junio de 2026, 20.372 cubanos pidieron refugio. Entre 2023 y junio, solo ocho lo obtuvieron.

La presión viene también de dentro de la Isla. En la cuarta encuesta de DIARIO DE CUBA, realizada por Cubadata entre julio y agosto con 1.551 participantes conectados, el 52,9% consideraba irse la estrategia personal más realista. Solo el 6,9% preparaba documentos, recursos o una ruta, y el 3% lo había intentado.

El decreto no cambia esa dinámica ni responde a la pregunta de fondo sobre si los cubanos son refugiados. Ofrece a quienes ya están en Uruguay una salida práctica. Los que lleguen después, con el expediente aún sin resolver, seguirán en la espera de la regularización.

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