ESTADOS UNIDOS añade 43 empresas chinas a su lista de entidades sancionadas por trabajo forzoso. Guerra comercial.. * THE UNITED STATES adds 43 Chinese companies to its list of entities sanctioned for forced labor. Trade war. PHOTOS.

ESTADOS UNIDOS añade 43 empresas chinas a su lista de entidades sancionadas por trabajo forzoso. Guerra comercial.

Pekín acusó a Washington de “apartarse gravemente” del consenso alcanzado para mantener estables sus relaciones económicas.

WASHINGTON- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE UU anunció este viernes la incorporación de 43 empresas chinas a la lista de entidades sancionadas bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA). La medida bloquea la entrada al mercado estadounidense de productos fabricados por esas compañías, al presumirse que están vinculadas al uso de trabajo forzoso en la región china de Xinjiang.



Con esta ampliación, que entrará en vigor el próximo 3 de agosto, la lista sumará 187 entidades, un aumento del 30% respecto a la cifra actual y la mayor expansión desde la creación del mecanismo.

Según el DHS, las empresas incorporadas operan en sectores como el aluminio, la confección, el cobre, el algodón y el procesamiento de tomates. La agencia sostiene que habrían utilizado materiales procedentes de Xinjiang o participado en programas de traslado y contratación de uigures, kazajos, kirguises y otros grupos considerados víctimas de persecución.



El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Gobierno de Donald Trump impedirá la entrada al mercado estadounidense de productos elaborados por estas compañías para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes fabricados mediante “mano de obra esclava”.

La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales.

El DHS señaló además que, desde la entrada en vigor de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha bloqueado más de 24.300 envíos valorados en cerca de 1.000 millones de dólares.

La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales con un nuevo mecanismo legal basado en el trabajo forzado.


Una semana atrás, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles adicionales del 10% a productos de 14 economías y del 12,5% a mercancías de otras 46, al considerar que esos países no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados.

La propuesta, que afecta a un total de 60 economías –entre ellas China, la Unión Europea, México, Canadá, Japón, India y Ecuador–, busca complementar la aplicación de la UFLPA y otras medidas dirigidas a excluir de las cadenas de suministro estadounidenses productos vinculados a abusos laborales. Washington sostiene que estas prácticas perjudican tanto a los derechos humanos como a la competitividad de los trabajadores y fabricantes estadounidenses.



Según el ministerio, las restricciones estadounidenses “carecen totalmente de base fáctica” y constituyen un acto de “coerción económica”.

China acusó este sábado a Estados Unidos de “apartarse gravemente” del consenso alcanzado entre ambos países para mantener estables sus relaciones económicas y comerciales, tras la decisión de Washington de ampliar las sanciones contra 43 empresas chinas por su presunta vinculación con trabajo forzoso en Xinjiang. Pekín calificó la medida de “coerción económica”.



El Ministerio de Comercio chino señaló este sábado que la decisión estadounidense fue anunciada apenas un día después de la videoconferencia entre el vice primer ministro He Lifeng, principal negociador comercial de Pekín, y el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

Según el comunicado, durante la reunión ambas partes mantuvieron un intercambio “franco, profundo y constructivo” sobre la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Según el ministerio, las restricciones estadounidenses “carecen totalmente de base fáctica” y constituyen un acto de “coerción económica” mediante el uso de la legislación estadounidense. Pekín afirmó además que las medidas perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas y socavan la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

El Gobierno chino reiteró asimismo que “no existe el llamado trabajo forzoso en Xinjiang”, instó a Washington a dejar de “difamar” a la región y de “reprimir injustificadamente” a las empresas chinas, y aseguró que adoptará las “medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus compañías.



La conversación entre He, Bessent y Greer se produjo en medio de las persistentes tensiones comerciales entre ambas potencias, pese al acercamiento mostrado tras la cumbre que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump mantuvieron en mayo en Pekín, donde acordaron ampliar la cooperación y estabilizar la relación bilateral.



Agencies/ 14yMedio/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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LA ANTIGUA Compañía Cubana de Electricidad demanda a la UNE y Energas y alude a la canadiense Sherritt. * THE FORMER Cuban Electric Company is suing UNE and Energas, and cites the Canadian firm Sherritt. PHOTOS.

LA ANTIGUA Compañía Cubana de Electricidad demanda a la UNE y Energas y alude a la canadiense Sherritt


La firma estadounidense reclama 267,6 millones de dólares más intereses y daños por el uso de sus instalaciones nacionalizadas en 1960. La antigua Compañía Cubana de Electricidad. Antes de 1959, la empresa era el principal suministrador de electricidad de la Isla y operaba más del 90% de la generación, transmisión y distribución en todo el país.


MADRID – LA HABANA – La Compañía Cubana de Electricidad (Cuban Electric Company, CEC), con sede en Florida, presentó el 29 de julio una demanda contra la Unión Eléctrica (UNE) y Energas ante el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. La CEC sostiene que ambas empresas estatales cubanas se han beneficiado durante décadas de instalaciones que le fueron confiscadas por el Gobierno de Fidel Castro en 1960 y reclama, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, el pago de 267,6 millones de dólares, además de los intereses acumulados del 6% anual desde la confiscación.

La demanda cita la resolución ante el Tribunal Supremo del caso Exxon Mobil contra Cimex y Cupet, una sentencia que marcó un precedente para este tipo de litigios al concluir que las empresas estatales cubanas no pueden invocar la inmunidad soberana para evitar demandas presentadas bajo la Ley Helms-Burton. Ese fallo eliminó uno de los principales obstáculos procesales para reclamar por bienes nacionalizados y ha abierto la puerta a nuevas acciones judiciales contra entidades controladas por el Estado cubano.

La demanda alude también a la canadiense Sherritt International, puesto que posee un tercio del capital de Energas junto con la UNE y la Unión Cuba-Petróleo (Cupet). Aunque Sherritt no figura entre los demandados, el litigio cuestiona la legalidad del uso de la infraestructura sobre la que opera la compañía canadiense.

La Compañía Cubana de Electricidad sostiene que tanto la UNE como Energas han incurrido en “tráfico” de propiedades confiscadas, el término que emplea la legislación estadounidense para describir la utilización y explotación comercial de bienes nacionalizados sin autorización de sus propietarios.

Edificio de la Compañía Cubana de Electricidad en La Habana, 1953. / Revista de Arquitectura y Urbanismo

Antes de 1959, la empresa era el principal suministrador de electricidad de la Isla y operaba más del 90% de la generación, transmisión y distribución en todo el país. Tras la nacionalización decretada el 6 de agosto de 1960, perdió todos sus activos sin recibir indemnización.

Según la demanda, gran parte de esa infraestructura continúa siendo hoy la base del sistema eléctrico nacional de Cuba. Entre los bienes mencionados figuran la termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba; la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; la subestación Melones y la ahora desmantelada planta de Tallapiedra, en La Habana, además de la red nacional de transmisión y el sistema de distribución de gas de la capital.

La empresa sostiene que la UNE sigue explotando comercialmente esos activos y obteniendo ingresos de ellos. En el caso de Energas, argumenta que su actividad depende de esa misma infraestructura.

La empresa sostiene que la UNE sigue explotando comercialmente esos activos y obteniendo ingresos de ellos. En el caso de Energas, argumenta que su actividad depende de esa misma infraestructura: afirma que la empresa genera electricidad que se incorpora al sistema nacional mediante una red de transmisión construida por la antigua Compañía Cubana de Electricidad y que procesa gas natural que luego se distribuye utilizando el sistema de tuberías de La Habana instalado antes de 1960.

El documento añade que Cupet suministra gratuitamente a Energas el gas natural que procesa la empresa mixta, un elemento que, a juicio de la demandante, demuestra el control que ejerce el Estado cubano sobre sus operaciones. Por ese motivo, la CEC sostiene que tanto la UNE como Energas actúan como una prolongación del propio Estado cubano (un “alter ego”) y deben responder por la explotación de los bienes nacionalizados.

La base económica de la reclamación es una certificación emitida en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (Foreign Claims Settlement Commission) de Estados Unidos, que fijó el valor de los bienes confiscados en unos 267.56 millones de dólares. Sobre esa cantidad, la empresa solicita ahora la aplicación de los daños triples previstos por el Título III de la Ley Helms-Burton, además del interés anual del 6% acumulado desde la fecha de la confiscación.



Agencies/ 14yMedio/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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MILLONES DE DOLARES en pollo, huevos, azúcar, queso: crecen las compras de alimentos de Cuba en EEUU. * MILLIONS OF DOLLARS in chicken, eggs, sugar, and cheese: Cuba’s food purchases from the U.S. are rising. PHOTOS.

MILLONES DE DOLARES en pollo, huevos, azúcar, queso: crecen las compras de alimentos de Cuba en EEUU.


Aparecen en la lista 315.579 dólares de azúcar y vehículos y piezas valorados en 15,7 millones.


LA HABANA- Mayo fue un mes de incremento de las importaciones a Cuba de alimentos y productos agrícolas de EEUU, con 42.191.741 dólares de compras que superan las del mismo mes de los dos años anteriores, si bien el total interanual decrece.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EEUU, las compras de alimentos aumentaron un 13,2%, con la carne de pollo ocupando los tres primeros puestos por volumen y 19.942.335 dólares destinados solo a ese producto, el principal cárnico al que tienen acceso los cubanos.

Le sigue una suma de 3.319.184 dólares en huevos frescos, que en la Isla se comercializan a más de 100 pesos la unidad; 3.126.680 dólares en carne de cerdo; 1.706.580 dólares en huevos de aves; 1.588.768 dólares en jugos de frutas y vegetales, y 1.469.677 dólares en huevos de pollo fertilizados, probablemente destinados a producir aves para reponer la diezmada avicultura de la Isla.


Cierran la lista de los diez principales rubros de importación 1.121.844 dólares en galletas y bizcochos dulces y 913.648 dólares en queso, incluyendo mezclas. Lo anterior sustituye a la leche en la lista, que siempre se ha colocado entre los alimentos más comprados en EEUU por los importadores cubanos.

A la cesta de la compra se sumaron en el quinto mes del año 23.890.779 dólares de combustibles; 9.240 dólares en productos médicos y farmacéuticos, y 26.091.252 dólares de donaciones humanitarias, según abundó el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.

En los primeros cinco meses de 2026 suman 189.034.771 dólares las importaciones cubanas, por detrás de los 204.928.982 dólares de igual tramo de 2025, una disminución del 7,7% interanual.


Destacan entre los numerosos productos comprados en EEUU por importadores cubanos una autocaravana valorada en 14.360 dólares; 15.744.277 dólares en vehículos, piezas, motocicletas, bicicletas, etcétera; celdas solares por un monto de 285.656 dólares, y azúcar por 315.579 dólares.

Según el Consejo, desde que en 2022 se aprobaran las primeras licencias para la exportación de vehículos a Cuba, las compras superan los 485 millones de dólares; de ellos, más de 285 millones fueron destinados a vehículos nuevos y usados, bicicletas, camiones, motocicletas y ciclomotores, así como piezas.

Estas ventas son parte de las excepciones al embargo de Washington contra La Habana codificadas en la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de la Exportación (TSREEA, por sus siglas en inglés), de 2000, la Ley de Democracia Cubana (CDA), de 1992, y las regulaciones implementadas hasta la actualidad.


La TSREEA reautorizó la exportación comercial directa de productos alimenticios (incluidos de marca) y agrícolas desde Estados Unidos a Cuba, independientemente del propósito. La TSREEA no incluye productos sanitarios, que siguen autorizados y regulados por la CDA.

El comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con Cuba alcanzó un total estimado de 1.500 millones de dólares en 2024, un aumento del 21,7% (265,9 millones de dólares) con respecto a 2023. En 2025, sumó un total estimado de 828,3 millones de dólares.

Lo anterior, mientras el régimen cubano y sus medios culpan al embargo de EEUU de las privaciones y crisis alimentaria que vive el país, y acusan a Washington de pretender asfixiar al país al imponer sanciones muy duras para conseguir un cambio político en la Isla.



Agencies/ DDC/ Jose L. Reyes/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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