Una de las sancionadas este jueves es la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (Ceproníquel). / Granma/ Juan Pablo Carreras
ESTADOS UNIDOS estrecha el cerco sobre el níquel cubano con una nueva ronda de sanciones. Sanciones.
Washington pone en su lista negra a cuatro entidades mineras, otras cuatro vinculadas al desarrollo militar y tres oficiales de las Fuerzas Armadas. Una de las sancionadas este jueves es la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (Ceproníquel).
LA HABANA– Estados Unidos volvió a poner este jueves la diana sobre el negocio cubano del níquel. El Departamento de Estado anunció sanciones contra ocho entidades estatales y tres militares, en una nueva ronda que alcanza a cuatro empresas relacionadas con la explotación, investigación e infraestructura del sector minero de la Isla.
La medida llega apenas dos semanas después de que Washington sancionara a otras dos entidades relacionadas con el níquel y el cobalto, Nicarotec y Cexni, y en un momento especialmente sensible para esa industria. Inversores estadounidenses negocian actualmente su entrada en los activos que la canadiense Sherritt International operaba en Cuba, principalmente en Moa, Holguín.
Las cuatro nuevas entidades mineras incluidas en la lista son la Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (Serconi), la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (Ceproníquel), el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (Cediníq) y Pinares S.A.
Según el Departamento de Estado, todas forman parte, de una manera u otra, del entramado que permite al Gobierno cubano explotar sus recursos minerales y obtener divisas. Serconi proporciona herramientas y servicios tecnológicos a la industria, Ceproníquel participa en los proyectos de ingeniería y en operaciones de extracción, mientras Cediníq se dedica a la investigación y desarrollo. Pinares, por su parte, realiza evaluaciones geológicas de yacimientos minerales.
La otra mitad de las sanciones anunciadas este jueves apunta directamente a la modernización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La nueva ronda coincide además con una batalla empresarial por los antiguos intereses de Sherritt. La compañía canadiense suspendió en mayo sus actividades en Cuba después del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Desde entonces, dos grupos pugnan por ocupar su lugar. Uno está encabezado por Gillon Capital, propiedad de la familia del empresario texano Ray Washburne, antiguo asesor de Donald Trump, y otro cuenta con el respaldo del gigante de las materias primas Glencore, del también texano Albert Huddleston.
El Gobierno cubano dio ya su visto bueno a la entrada de capital estadounidense en esas operaciones, según informó la pasada semana el Miami Herald. Tanto el Departamento de Estado como el Tesoro habían indicado también que no se oponían al posible acuerdo con Gillon.
La otra mitad de las sanciones anunciadas este jueves apunta directamente a la modernización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Washington incluyó al Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (Simpro), el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (Cidnav), el Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (Cidai) y el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire (Gelcom).
Desde principios de agosto, Estados Unidos ha anunciado cuatro rondas consecutivas contra estructuras del Estado cubano exactamente con dos semanas de diferencia: 6 y 20 de agosto, y 3 y 17 de septiembre, todas en jueves
El Departamento de Estado atribuye a esos organismos trabajos de desarrollo de simuladores y entrenamiento militar, investigación naval, modernización de armamento de infantería y producción de equipos electrónicos y de comunicaciones.
También fueron sancionados tres oficiales que dirigen esas instituciones: el coronel Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, al frente de Simpro; el capitán Dioglis Pedrera Argüello, director de Cidnav, y el primer coronel Julio Hurtado Betancourt, responsable de Cidai.
Las nuevas designaciones se amparan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que permite bloquear los bienes bajo jurisdicción estadounidense de personas y entidades vinculadas con determinados sectores estratégicos cubanos y prohibir a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar operaciones con ellas.
La medida va más allá, sin embargo, de las compañías norteamericanas. El Departamento de Estado advierte expresamente de que personas y empresas extranjeras que negocien con sancionados o participen en sectores como minería, metalurgia, defensa, energía, finanzas o seguridad pueden exponerse también a medidas de Washington.
Las sanciones mantienen además una llamativa regularidad. Desde principios de agosto, Estados Unidos ha anunciado cuatro rondas consecutivas contra estructuras del Estado cubano exactamente con dos semanas de diferencia: 6 y 20 de agosto, y 3 y 17 de septiembre, todas en jueves. El paquete del 6 de agosto estuvo centrado fundamentalmente en la cooperación militar y las compras de armamento, mientras que el del 20 alcanzó, entre otras entidades, al Ministerio de la Construcción.
Agencies/ 14yMedio/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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