UNOS ESPEJUELOS y diez tabletas de pastillas desatan el caos en una iglesia de Guanabacoa. Donaciones. * A PAIR OF EYEGLASSES and ten pills spark chaos in a Guanabacoa church. Donations. PHOTOS.

UNOS ESPEJUELOS y diez tabletas de pastillas desatan el caos en una iglesia de Guanabacoa. Donaciones.

La parroquia suspendió el reparto después de que aparecieran ‘coleros’, personas que repetían y vecinos sin receta médica. La parroquia, desbordada por una demanda muy superior a sus posibilidades, terminó cerrando el reparto. Según varios asistentes, en la parroquia entregaban gafas con distintos aumentos, algunas tabletas de dipirona y medicamentos que los vecinos identificaban como antibióticos.


LA HABANA-
“Dicen que en la iglesia están regalando espejuelos”. La noticia corrió esta semana por Guanabacoa con la velocidad que alcanzan en Cuba los rumores sobre cualquier producto escaso. En poco tiempo, frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, situada junto al anfiteatro del municipio habanero, se formó una fila de vecinos bajo el sol.



La oferta era difícil de ignorar en un país donde comprar unos lentes graduados o conseguir un antibiótico puede exigir meses de búsqueda y una cantidad de dinero inalcanzable para muchos jubilados. Según varios asistentes, en la parroquia entregaban gafas con distintos aumentos, algunas tabletas de dipirona y medicamentos que los vecinos identificaban como antibióticos.

Nadie pudo precisar el origen de la donación. En la fila, algunas personas aseguraban que formaba parte de “la ayuda de Estados Unidos”, mientras otras decían haber oído que los productos habían llegado mediante una organización religiosa.



“Esto es de los millones que mandaron los americanos”, comentaba una mujer mientras esperaba. Otro vecino agregaba: “No sé si son 10 o 100 millones, pero dicen que viene de allá”. La afirmación se repetía de boca en boca sin que nadie pudiera demostrarla.

“Esto es de los millones que mandaron los americanos”, comentaba una mujer mientras esperaba.

“Esto es de los millones que mandaron los americanos”, comentaba una mujer mientras esperaba. / 14ymedio

La escena revelaba, sobre todo, la profundidad de la necesidad. Frente al templo se concentraban ancianos, mujeres con niños y personas que habían llegado desde otras zonas del municipio. Algunos se protegían del sol con sombrillas; otros permanecían sentados en el césped o esperaban de pie junto a la cerca.



Al principio, según comprobó este diario en el lugar, la entrega transcurrió con cierta normalidad. Bastaba con pedir la graduación deseada. No había consulta oftalmológica ni era necesario presentar una receta reciente.

“Te daban la que tú quisieras”, explicó uno de los asistentes, que salió con unos espejuelos de montura negra. Los cristales parecían corresponder a los lentes premontados que se venden con aumentos estándar para leer, pero entre los vecinos se hablaba de ellos como si pudieran resolver cualquier problema visual.

“Te daban la que tú quisieras”, explicó uno de los asistentes, que salió con unos espejuelos de montura negra.

Otros discutían sobre quién debía tener prioridad. “Primero los ancianos”, reclamaban algunos. También hubo quejas porque no existían suficientes asientos para las personas con dificultades de movilidad y porque quienes llevaban más tiempo esperando temían perder su lugar.



La fila terminó convirtiéndose en una disputa. Los asistentes denunciaron la presencia de coleros, de personas que intentaban repetir y de otras que se metían por delante de quienes llevaban horas aguardando. El ambiente “se puso caliente”, según relataron varios vecinos.

El sacerdote decidió entonces detener la entrega. La suspensión dejó a decenas de personas frente al templo, algunas molestas y otras convencidas de que el reparto se reanudaría dos días después. La versión que circuló por el barrio era que el viernes volverían a distribuir los productos.

Otros permanecieron durante un rato en los alrededores, observando la entrada y preguntando a quienes salían del edificio.

Sin embargo, este viernes el párroco informó de que tampoco continuaría la entrega. Aun así, varias personas se presentaron desde temprano ante la iglesia para comprobar si quedaba alguna posibilidad de recibir algo. “Yo vine por si acaso”, decía una mujer frente a la verja. “Ayer me dijeron que hoy seguían”. Otros permanecieron durante un rato en los alrededores, observando la entrada y preguntando a quienes salían del edificio.

Entre los vecinos se comentaba que el sacerdote valoraba sustituir la fila por un reparto casa por casa, especialmente entre ancianos, enfermos y personas con problemas de movilidad.

La parroquia, desbordada por una demanda muy superior a sus posibilidades, terminó cerrando el reparto. La fila quedó como retrato de un país donde una pequeña donación, aun sin origen confirmado ni organización suficiente, puede convertirse de inmediato en un acontecimiento multitudinario.



Agencies/ 14yMedio/ Dario Hernandez/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.

ESTADOS UNIDOS añade 43 empresas chinas a su lista de entidades sancionadas por trabajo forzoso. Guerra comercial.. * THE UNITED STATES adds 43 Chinese companies to its list of entities sanctioned for forced labor. Trade war. PHOTOS.

ESTADOS UNIDOS añade 43 empresas chinas a su lista de entidades sancionadas por trabajo forzoso. Guerra comercial.

Pekín acusó a Washington de “apartarse gravemente” del consenso alcanzado para mantener estables sus relaciones económicas.

WASHINGTON- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE UU anunció este viernes la incorporación de 43 empresas chinas a la lista de entidades sancionadas bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA). La medida bloquea la entrada al mercado estadounidense de productos fabricados por esas compañías, al presumirse que están vinculadas al uso de trabajo forzoso en la región china de Xinjiang.



Con esta ampliación, que entrará en vigor el próximo 3 de agosto, la lista sumará 187 entidades, un aumento del 30% respecto a la cifra actual y la mayor expansión desde la creación del mecanismo.

Según el DHS, las empresas incorporadas operan en sectores como el aluminio, la confección, el cobre, el algodón y el procesamiento de tomates. La agencia sostiene que habrían utilizado materiales procedentes de Xinjiang o participado en programas de traslado y contratación de uigures, kazajos, kirguises y otros grupos considerados víctimas de persecución.



El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Gobierno de Donald Trump impedirá la entrada al mercado estadounidense de productos elaborados por estas compañías para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes fabricados mediante “mano de obra esclava”.

La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales.

El DHS señaló además que, desde la entrada en vigor de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha bloqueado más de 24.300 envíos valorados en cerca de 1.000 millones de dólares.

La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales con un nuevo mecanismo legal basado en el trabajo forzado.


Una semana atrás, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles adicionales del 10% a productos de 14 economías y del 12,5% a mercancías de otras 46, al considerar que esos países no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados.

La propuesta, que afecta a un total de 60 economías –entre ellas China, la Unión Europea, México, Canadá, Japón, India y Ecuador–, busca complementar la aplicación de la UFLPA y otras medidas dirigidas a excluir de las cadenas de suministro estadounidenses productos vinculados a abusos laborales. Washington sostiene que estas prácticas perjudican tanto a los derechos humanos como a la competitividad de los trabajadores y fabricantes estadounidenses.



Según el ministerio, las restricciones estadounidenses “carecen totalmente de base fáctica” y constituyen un acto de “coerción económica”.

China acusó este sábado a Estados Unidos de “apartarse gravemente” del consenso alcanzado entre ambos países para mantener estables sus relaciones económicas y comerciales, tras la decisión de Washington de ampliar las sanciones contra 43 empresas chinas por su presunta vinculación con trabajo forzoso en Xinjiang. Pekín calificó la medida de “coerción económica”.



El Ministerio de Comercio chino señaló este sábado que la decisión estadounidense fue anunciada apenas un día después de la videoconferencia entre el vice primer ministro He Lifeng, principal negociador comercial de Pekín, y el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

Según el comunicado, durante la reunión ambas partes mantuvieron un intercambio “franco, profundo y constructivo” sobre la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Según el ministerio, las restricciones estadounidenses “carecen totalmente de base fáctica” y constituyen un acto de “coerción económica” mediante el uso de la legislación estadounidense. Pekín afirmó además que las medidas perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas y socavan la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

El Gobierno chino reiteró asimismo que “no existe el llamado trabajo forzoso en Xinjiang”, instó a Washington a dejar de “difamar” a la región y de “reprimir injustificadamente” a las empresas chinas, y aseguró que adoptará las “medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus compañías.



La conversación entre He, Bessent y Greer se produjo en medio de las persistentes tensiones comerciales entre ambas potencias, pese al acercamiento mostrado tras la cumbre que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump mantuvieron en mayo en Pekín, donde acordaron ampliar la cooperación y estabilizar la relación bilateral.



Agencies/ 14yMedio/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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LA ANTIGUA Compañía Cubana de Electricidad demanda a la UNE y Energas y alude a la canadiense Sherritt. * THE FORMER Cuban Electric Company is suing UNE and Energas, and cites the Canadian firm Sherritt. PHOTOS.

LA ANTIGUA Compañía Cubana de Electricidad demanda a la UNE y Energas y alude a la canadiense Sherritt


La firma estadounidense reclama 267,6 millones de dólares más intereses y daños por el uso de sus instalaciones nacionalizadas en 1960. La antigua Compañía Cubana de Electricidad. Antes de 1959, la empresa era el principal suministrador de electricidad de la Isla y operaba más del 90% de la generación, transmisión y distribución en todo el país.


MADRID – LA HABANA – La Compañía Cubana de Electricidad (Cuban Electric Company, CEC), con sede en Florida, presentó el 29 de julio una demanda contra la Unión Eléctrica (UNE) y Energas ante el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. La CEC sostiene que ambas empresas estatales cubanas se han beneficiado durante décadas de instalaciones que le fueron confiscadas por el Gobierno de Fidel Castro en 1960 y reclama, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, el pago de 267,6 millones de dólares, además de los intereses acumulados del 6% anual desde la confiscación.

La demanda cita la resolución ante el Tribunal Supremo del caso Exxon Mobil contra Cimex y Cupet, una sentencia que marcó un precedente para este tipo de litigios al concluir que las empresas estatales cubanas no pueden invocar la inmunidad soberana para evitar demandas presentadas bajo la Ley Helms-Burton. Ese fallo eliminó uno de los principales obstáculos procesales para reclamar por bienes nacionalizados y ha abierto la puerta a nuevas acciones judiciales contra entidades controladas por el Estado cubano.

La demanda alude también a la canadiense Sherritt International, puesto que posee un tercio del capital de Energas junto con la UNE y la Unión Cuba-Petróleo (Cupet). Aunque Sherritt no figura entre los demandados, el litigio cuestiona la legalidad del uso de la infraestructura sobre la que opera la compañía canadiense.

La Compañía Cubana de Electricidad sostiene que tanto la UNE como Energas han incurrido en “tráfico” de propiedades confiscadas, el término que emplea la legislación estadounidense para describir la utilización y explotación comercial de bienes nacionalizados sin autorización de sus propietarios.

Edificio de la Compañía Cubana de Electricidad en La Habana, 1953. / Revista de Arquitectura y Urbanismo

Antes de 1959, la empresa era el principal suministrador de electricidad de la Isla y operaba más del 90% de la generación, transmisión y distribución en todo el país. Tras la nacionalización decretada el 6 de agosto de 1960, perdió todos sus activos sin recibir indemnización.

Según la demanda, gran parte de esa infraestructura continúa siendo hoy la base del sistema eléctrico nacional de Cuba. Entre los bienes mencionados figuran la termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba; la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; la subestación Melones y la ahora desmantelada planta de Tallapiedra, en La Habana, además de la red nacional de transmisión y el sistema de distribución de gas de la capital.

La empresa sostiene que la UNE sigue explotando comercialmente esos activos y obteniendo ingresos de ellos. En el caso de Energas, argumenta que su actividad depende de esa misma infraestructura.

La empresa sostiene que la UNE sigue explotando comercialmente esos activos y obteniendo ingresos de ellos. En el caso de Energas, argumenta que su actividad depende de esa misma infraestructura: afirma que la empresa genera electricidad que se incorpora al sistema nacional mediante una red de transmisión construida por la antigua Compañía Cubana de Electricidad y que procesa gas natural que luego se distribuye utilizando el sistema de tuberías de La Habana instalado antes de 1960.

El documento añade que Cupet suministra gratuitamente a Energas el gas natural que procesa la empresa mixta, un elemento que, a juicio de la demandante, demuestra el control que ejerce el Estado cubano sobre sus operaciones. Por ese motivo, la CEC sostiene que tanto la UNE como Energas actúan como una prolongación del propio Estado cubano (un “alter ego”) y deben responder por la explotación de los bienes nacionalizados.

La base económica de la reclamación es una certificación emitida en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (Foreign Claims Settlement Commission) de Estados Unidos, que fijó el valor de los bienes confiscados en unos 267.56 millones de dólares. Sobre esa cantidad, la empresa solicita ahora la aplicación de los daños triples previstos por el Título III de la Ley Helms-Burton, además del interés anual del 6% acumulado desde la fecha de la confiscación.



Agencies/ 14yMedio/ Internet Photos/ CUBA (HOY)/ Arnoldo Varona
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