Cuba in the U.S. Political SceneMIAMI politician DAVID RIVERA named co-conspirator in campaign-finance scheme. (Photo) * * Ex-Congresista Miamense DAVID RIVERA señalado como co-conspirador en un ilegal financiamiento de campaña política. (Fotos)

David RiveraDAVID RIVERA MENCIONADO COMO CO-CONSPIRADOR EN UN ILEGAL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA POLÍTICA.

David Rivera fue nombrado co-conspirador cuando uno de sus amigos, Ana Alliegro, se declaro culpable en el caso de financiación ilegal de campañas. Un fiscal federal identificó al ex congresista David Rivera como un co-conspirador en un esquema de financiación de campañas para apuntalar a un candidato poco conocido en las primarias demócratas de 2012.

El candidato congresual de Miami y ex representante federal David Rivera fue nombrado oficialmente el martes como blanco de una investigación federal cuando su amiga se declaró culpable de violaciones criminales de finanzas de campaña en una audiencia pública.

El nombre de Rivera no fue mencionado por su amiga, Ana Alliegro, quien admitió haber ayudado a violar leyes de finanzas de campaña y haber mentido luego al respecto.

En lugar de eso, Rivera fue identificado por un fiscal quien confirmó que el político republicano era el “Cómplice A” en un fraude de finanzas de campaña de $81,000 en apoyo de un candidato poco conocido que usó los fondos ilegales para criticar a un rival de Rivera.

“¿Por qué seguimos sin nombrar al cómplice?”, preguntó el juez de distrito federal Robert Scola al fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill. “Ya hemos dejado atrás ese momento”.

Mulvihill señaló que la política del Departamento de Justicia federal prohíbe a los fiscales nombrar a los cómplices que no hayan sido encausados.

Los lazos de Rivera con el caso han sido reportados durante años por el Miami Herald y el Nuevo Herald, pero él ha negado haber hecho nada indebido. En vísperas de las primarias republicanas del martes para el Distrito Congresual 26, Rivera había negado asimismo ser blanco de investigación alguna.

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Pero el juez Scola quiso que Mulvihill no dejara lugar a dudas, y le ordenó mencionar nombres.

Unos tres minutos más tarde, Mulvihill hizo la primera de seis menciones directas de Rivera, de quien se sospecha además que ayudó a Alliegro a abandonar Estados Unidos y refugiarse en Nicaragua en un momento en que se suponía que estuviera cooperando con la fiscalía.

“A principios de abril del 2012, la acusada, Ana Alliegro, se encontró en el restaurante Catch of the Day con el representante David Rivera y otro individuo”, dijo Mulvihill.

“En ese momento, David Rivera dio instrucciones a Ana Alliegro de que se reuniera con Justin Lamar Sternad para ayudarlo, y entonces ella se reunió con Justin Lamar Sternad”.

Rivera se negó el martes a hacer declaraciones.

La extraordinaria escena que tuvo lugar en el tribunal federal — y el flujo constante de información que demuestra el arsenal de pruebas con que cuenta la fiscalía — enfatiza la solidez del caso que el gobierno está tratando de armar en contra de Rivera. Al menos cinco personas, incluyendo a Alliegro, podían testificar sobre la participación de Rivera.

Rivera ya ha sobrevivido pesquisas estatales y federales llevadas a cabo de forma independiente, una por parte del Departamento de Policía de la Florida y otra del IRS, sobre sus finanzas. No obstante, un juez estatal concluyó recientemente que Rivera, como legislador estatal, había violado las leyes estatales de ética con relación al modo en que había gastado fondos estatales y de campaña. La comisión de ética del estado todavía no ha dado un fallo final.

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En el caso de Sternad-Alliegro, la fiscalía indicó que Rivera había sido el autor intelectual. Mulvihill dijo que, después de que Alliegro se encontró con Rivera, ella se puso en contacto con Sternad, un demócrata desconocido que se postuló en contra de Joe García en las primarias demócratas por el escaño que abarca desde Kendall hasta Cayo Hueso.

Sternad, quien trabajaba en el turno de noche en la carpeta de un hotel, tiene cinco hijos que mantener y se encontraba en una posición económica tan precaria que estaba recibiendo cupones de alimentos e iba al trabajo en ómnibus.

Alliegro “le dijo que ella tenía relaciones que le darían financiamiento a su campaña. Como ya dije, él era un hombre extremadamente pobre, y él lo aceptó, a manera de salvavidas”, dijo Mulvihill.

Sternad usó el dinero para alquilar un auto, pagar la cuenta de su teléfono celular, hacer llamadas robot a los votantes y enviar volantes por correo, al menos uno de los cuales atacaba a García, quien de todos modos derrotó a Sternad y luego a Rivera.

Durante la primaria, el Miami Herald y El Nuevo Herald detectaron las sospechosas actividades de campaña de Sternad y señalaron que sus informes de finanzas de campaña estaban incompletos. Contratistas de campaña, tres de los cuales habían sido usados por Rivera en campañas anteriores, dijeron al Herald que Rivera estaba detrás de la candidatura de Sternad.

Alliegro ayudó a Sternad a llenar sus reportes de campaña, en los cuales mintió sobre la fuente del efectivo ilegal de la campaña, alegando que los gastos eran préstamos personales de su propia cuenta.
Más tarde Sternad fue encausado por su papel en la conspiración y recientemente recibió una sentencia de siete meses de cárcel.

Alliegro encaraba cargos similares. Se declaró culpable en cuatro cargos de hacer falso testimonio, por conspiración y por hacer contribuciones ilegales de campaña.

“Siempre ha dicho que no invocaría la Quinta Enmienda y que diría la verdad”, dijo uno de los abogados de la defensa de Alliegro, Richard Klugh. “Y tiene la intención de hacerlo si es llamada”.

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Alliegro enfrenta un máximo de cinco años de cárcel aunque esa condena podría ser menor si coopera en el caso contra Rivera. Su sentencia ha sido programada para el 10 de septiembre. El acuerdo informal de culpabilidad anunciado en corte indica que Alliegro, que ha estado presa por casi seis meses, pudiera pasar otros seis más bajo arresto domiciliario.

Si Alliegro hubiese peleado el caso, pudiera haber enfrentado mucho más tiempo detrás de las rejas.
No hubo officialmente ningún acuerdo de culpabilidad alcanzado con el gobierno, de acuerdo con los fiscales y los abogados de la defensa Klugh y John Bergendahl. Klugh dijo que Alliegro eligió cambiar su declaración de culpabilidad por voluntad propia.

“El sistema federal recompensa y reconoce la importancia de la responsabilidad y de decir la verdad”, dijo Klugh.

Klugh no hizo comentarios cuando se le preguntó si su cliente fue usado por Rivera en el esquema de financiación de campaña.

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Mulvihill no comentó si Alliegro estaba cooperando con la investigación contra Rivera.
Y aunque Mulvihill hizo todos los comentarios sobre Rivera, el juez Scola quiso estar seguro de que Alliegro va a confirmar la historia.

“Señora Alliegro”, dijo Scola, “está usted de acuerdo en que, si hubiera un juicio, el gobierno estaría en capacidad de exponer evidencia que prueben esos hechos?

Alliegro le respondió al juez con una sola palabra: “Sí”.

MiamiHerald / Marc Caputo / Jay Weaver / Patricia Mazzei / InternetPhotos.
The Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor

Fotos de Miami.
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DAVID RIVERA NAMED CO-CONSPIRATOR IN CAMPAIGN-FINANCE SCHEME.

David Rivera named co-conspirator as friend pleads guilty in campaign-finance case. A federal prosecutor identified former congressman David Rivera as a co-conspirator in a campaign-finance scheme to prop up a little-known candidate in the 2012 Democratic primary.

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Miami congressional candidate and ex-U.S. Rep. David Rivera was officially named as the target of a federal investigation Tuesday when his friend pleaded guilty to criminal campaign-finance violations in open court.

Rivera’s name wasn’t disclosed by his friend, Ana Alliegro, who admitted she helped break campaign-finance laws and then lied about it.

Rivera, instead, was identified by a prosecutor who confirmed the Republican politician was “Co-conspirator A” in an $81,000 campaign-finance scheme to prop up a little-known candidate who used the illegal cash to trash a rival of Rivera’s.

“Why do we keep not naming the co-conspirator?” U.S. District Judge Robert Scola asked Assistant U.S. Attorney Thomas Mulvihill. “We’re past that time.”

Mulvihill pointed out that U.S. Justic Department policy forbids prosecutors from naming unindicted co-conspirators.

Rivera’s ties to the case have been reported by the Miami Herald and El Nuevo Herald for years, but he had denied wrongdoing. Heading into the Tuesday GOP primary for Congressional District 26, Rivera had also denied being the target of any investigation.

But Judge Scola wanted Mulvihill to leave no doubt and directed him to name names.

About three minutes later, Mulvihill made the first of six direct mentions of Rivera, who is suspected of also helping Alliegro leave the United States for Nicaragua when she was supposed to be cooperating with prosecutors.

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“In early April 2012, the defendant, Ana Alliegro, met at the Catch of the Day Restaurant with Congressman David Rivera and another individual,” Mulvihill said.

“At that point David Rivera directed Ana Alliegro to meet with Justin Lamar Sternad to assist, and she then met with Justin Lamar Sternad.”

Rivera declined to comment Tuesday.

The extraordinary scene that played out in federal court — and the steady drip of information showing the prosecution’s arsenal of evidence — underscores the strength of the case the government is trying to build against Rivera. At least five people, including Alliegro, could testify about Rivera’s alleged involvement.

Rivera has survived separate state and federal probes, respectively by the Florida Department of Law Enforcement and the IRS, into his finances. However, a state judge recently determined that Rivera, as a state legislator, had broken state ethics laws over the way he spent campaign and state money. The state ethics commission has yet to make a final ruling.

In the Sternad-Alliegro case, the prosecution indicated that Rivera was the mastermind. Mulvihill said that, after Alliegro met with Rivera, she then approached Sternad, an unknown Democrat running against Joe Garcia in the Democratic primary for the seat extending from Kendall to Key West.

Sternad, a hotel night-desk clerk, was raising five kids and was so financially strapped that he was on food stamps and took the bus to work.

Alliegro “told him that she had connections to provide the financing for his campaign. Since, as I told you, he was an extremely poor man, he agreed to accept it, took it as a lifesaver,” Mulvihill said.

Sternad used the money to rent a car, pay his cellphone bill, phone voters with pre-recorded calls and produce mailers, at least one of which attacked Garcia, who went on to beat Sternad and then Rivera.

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During the primary campaign, the Miami Herald and El Nuevo Herald noted Sternad’s suspicious campaign activities and pointed out his incomplete campaign-finance reports. Campaign vendors, three of whom had been used by Rivera in previous campaigns, told the Herald that Rivera was behind Sternad’s candidacy.

Alliegro helped Sternad fill out his campaign finance reports, where he lied about the source of the illegal campaign cash, claiming the expenditures were from personal loans from his own account.

Sternad was later indicted for his role in the conspiracy and was recently given a seven-month prison sentence.

Alliegro faced similar charges. She pleaded guilty to four counts of making a false statement, conspiring and making illegal campaign contributions.

“She always said she would not invoke the Fifth Amendment, and that she would tell the truth,” said one of Alliegro’s defense attorneys, Richard Klugh. “And she intends to do that if called upon.”

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She faces a maximum five years in prison, though that penalty would likely be lower if she cooperates in the case against Rivera. Her sentencing has been scheduled for Sept. 10. The informal plea deal announced in court indicates Alliegro, who has been incarcerated for nearly six months, could spend as little as six more months under house arrest.

Had Alliegro fought the case, she could have faced far more time behind bars.

There was no official plea agreement struck with the government, according to prosecutors and defense attorneys Klugh and John Bergendahl. Klugh said Alliegro chose to change her plea of her own volition.

“The federal system rewards and recognizes the importance of responsibility and telling the truth,” Klugh said.

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When asked if his client was used by Rivera in the campaign-finance scheme, Klugh didn’t comment.

Mulvihill would not say whether Alliegro is cooperating with the investigation against Rivera.

And though Mulvihill did all the talking about Rivera, Judge Scola wanted to make sure Tuesday that Alliegro backed up the story.

“Ms. Alliegro,” Scola said, “do you agree that if there was a trial, the Government would be able to put on evidence to establish those facts?

Alliegro gave a one-word reply: “Yes.”

MiamiHerald/Marc Caputo/Jay Weaver/Patricia Mazzei/InternetPhotos.
The Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor

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