La Gran Logia recupera una parte de su inmueble, confiscado por Fidel Castro en 1961.
Inaugurada en 1955, la sede de la masonería cubana, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, sufrió los embates de la Ley de Reforma Urbana. / 14ymedio

LA HABANA- Un decreto con la firma del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, da por resuelto –unilateralmente– un viejo litigio entre la masonería cubana y el Estado: la disputa por la propiedad de varios pisos y oficinas de la Gran Logia de Cuba, ubicada en La Habana, confiscados por Fidel Castro en 1961 y que hoy ocupan varias instituciones estatales.

Los masones cubanos pidieron explicaciones sobre el documento, que ha circulado en varios grupos y perfiles de redes sociales. Según el Gran Maestro Mayker Filema Duarte, que se entrevistó con el funcionario Carlos Mayo, del Consejo de Ministros, el decreto se filtró antes de poder ser enviado oficialmente a las autoridades masónicas.

Inaugurada en 1955, la sede de la masonería cubana –uno de los edificios más emblemáticos de la capital, en la avenida Carlos III– sufrió los embates de la Ley de Reforma Urbana y perdió las plantas 8, 9 y parte de la 10, correspondientes a la Universidad Nacional Masónica, además del 6 y 7, todos ellos ahora en posesión del monopolio de las comunicaciones Etecsa.

Además, la Gran Logia alberga oficinas de la Empresa de Correos en la planta baja, y la Empresa de Servicios de Protección a las Comunicaciones (Sepcom), si bien pagan un alquiler “como medio de autosostenimiento” para los masones, a diferencia de Etecsa, que sí ostenta la propiedad de los pisos confiscados.

Marrero invoca una petición del Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales –el correlato en el Consejo de Ministro de la todopoderosa Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista– para zanjar la discusión: lo que es de Etecsa permanecerá en manos de la empresa, pero a partir de ahora se reconocerá a la Gran Logia su propiedad sobre la parte del edificio que ocupa actualmente. El documento aclara que el reconocimiento de propiedad a la Gran Logia no supone “afectación económica, erogación o pago de indemnización”.

El documento aclara que el reconocimiento de propiedad a la Gran Logia no supone “afectación económica, erogación o pago de indemnización” alguna por parte del Gobierno. La única devolución que hará Etecsa en la práctica es la de un local que les servía de “archivo pasivo” en el piso 10. Por último, el acuerdo señala que las autoridades masónicas tendrán que acudir al Registro de la Propiedad para oficializar el trámite.

En una carta a las logias cubanas firmada por Filema Duarte, a la que tuvo acceso 14ymedio, el Gran Maestro cuenta que el documento de Marrero –firmado el pasado 13 de enero– no había sido enviado a la Gran Logia. El 8 de febrero, las máximas autoridades masónicas fueron convocadas a una reunión con el Gobierno y el Partido Comunista. El funcionario Mayo alegó entonces “no tener modo de explicar” la filtración del documento.

Según Filema Duarte, los dirigentes “escucharon todos los argumentos”, en particular los referentes al acuerdo sobre la propiedad de Etecsa sobre los pisos confiscados, que “no se justifican ni histórica ni jurídicamente”. El Gran Maestro no expresa, en su carta, si hubo alguna promesa por parte de los funcionarios de revisar o derogar el documento, que ya ha sido criticado por algunas logias.

Fue el caso de la logia Luz del Maestro, de Camagüey, que ha rechazado el documento con una carta abierta a Marrero. Coinciden en que el edificio fue construido “con el sudor de los masones” y que no hay justificación para ratificar la ocupación de Etecsa. Además, dicen confiar en que el Consejo de Ministro reconsidere su decisión.

Desarbolada tras un año de crisis institucional –que incluyó robos, difamaciones, cismas en la cúpula y la encarcelación del propio Gran Maestro, Mario Urquía Carreño, presuntamente protegido por la Seguridad del Estado–, la masonería cubana comenzó el año en absoluto silencio mediático. Su página de Facebook no publica nada desde hace meses, su sitio web está desarticulado, y los masones particulares tampoco quieren atraer más atención a lo que consideran asuntos no aptos para profanos.

Persisten las tensiones e inconformidades con el nuevo Gran Maestro y sus decisiones administrativas.
Sin embargo, en varios grupos –los mismos donde se publicó el decreto de Marrero y también documentos de la institución– persisten las tensiones e inconformidades con el nuevo Gran Maestro y sus decisiones administrativas, que algunos consideran “órdenes” del Gobierno.

La característica de varios de estos grupos y perfiles es que, aunque en ellos dialogan masones conocidos –como el escritor y opositor Ángel Santiesteban Prats–, también se amparan bajo un pseudónimo masónico, costumbre que fue habitual en la fraternidad durante las guerras de independencia cubanas. Es el caso del alias Habaguanex, que firma los posts del perfil Verdades Secretas 2.0.

Este perfil surgió como reacción a una página afín a la Seguridad del Estado denominada, a su vez, Verdades Secretas. A juzgar por los contenidos que publican, ambas conocen de primera mano los entresijos de la tensión masónica actual, cuentan con documentos circulados por vía interna en los canales de WhatsApp y publican –en el caso del segundo– fotografías de tenidas masónicas secretas, a las que no se podría acceder sin ser masón.

Las medidas de Filema Duarte y las reacciones de los masones cubanos auguran una nueva e inminente crisis, puesto que –como subraya Habaguanex– los problemas siguen sin resolver: la Gran Logia sigue discutiendo la autoridad del Soberano Consejo del Grado 33, la otra gran institución masónica de Cuba, y lanza ataques constantes contra su líder, José Viñas, que el año pasado denunció el robo de 19.000 dólares de la oficina de Urquía Carreño.

Viñas sigue en la mira de la Seguridad del Estado y, junto a Santiesteban y Gerardo Cepero, los tres críticos con el Gobierno, ha enfrentado procesos legales en el seno de la institución y ordenados por Filema Duarte.

Sobre su juicio masónico, realizado en ausencia del acusado a finales del pasado enero, el propio Santiesteban respondió a Habaguanex que “la orden está dada”. “Qué pena que estas cosas estén ocurriendo”, dijo, justificando estar ausente por una enfermedad, “todo se arreglaba con una conversación entre el Gran Maestro y el Soberano [Viñas]… Pensamos que una vez que se fuera Mario Urquía ya no viviríamos momentos como estos”.

El documento firmado por Marrero sobre la propiedad de los edificios atiza la tensión y sugiere que el Gobierno sigue de cerca el mandato de Filema Duarte y los movimientos de Viñas, Santiesteban y otros masones que encabezaron la crítica a Urquía Carreño.

El edificio de la Gran Logia fue uno de los primeros que el régimen intervino. La estrategia fue útil a nivel estratégico, pues dividió físicamente a las autoridades masónicas –que ocupan el piso 11– de los salones, biblioteca y museo de las plantas 3, 4 y 5. Además, desmanteló la única universidad privada de la masonería en el país y se apostó en un lugar ideal para vigilar e infiltrar a la fraternidad.

En sus Cinco ensayos sobre la masonería cubana, el historiador oficialista Eduardo Torres-Cuevas admite que la Revolución atacó a la orden en su momento de mayor esplendor, cuando era considerada –con 30.000 miembros y 311 logias– “una verdadera potencia masónica en el mundo latino”.

Irónicamente, Torres-Cuevas culpa a los propios masones de que la orden iniciara a todo tipo de personas, incluyendo adeptos al régimen que acabaron, razona, por imponerse sobre los “tradicionalistas”. De ahí, continúa, que la Revolución encontrara una facción numerosa y favorable para tomar medidas como la confiscación de parte de la Gran Logia.

Además, el historiador alega que la masonería cubana estaba en estrecha relación con la de Estados Unidos, en particular la de Florida, y que esa influencia determinó la agresividad de algunas medidas, como la Ley de Reforma Urbana, a pesar de que los masones cubanos tenían una visión favorable del proceso revolucionario en 1959.

Un grupo de masones cubanos exiliados –liderados por el millonario Juan José Tarajano, de Camajuaní (Villa Clara), Gran Maestro en 1959 y 1960– “entró en el juego” meses después del triunfo Revolucionario, alega Torres-Cuevas. La crítica de los emigrados provocó el radicalismo de la dirigencia castrista y determinó las siguientes décadas, de “prejuicios y discriminaciones”, “dogmatismo y sectarismo”, reconoce el historiador.

Desde entonces, la infiltración de la Seguridad del Estado en las filas masónicas ha sido motivo de un sinnúmero de polémicas y escándalos como los del año pasado. Ahora, zanja el historiador, vive en la “marginalidad política y social”.

Agencies/ 14yMedio/ Juan Izquierdo/ MasoneriaCubana/ Internet Photos/ Arnoldo Varona.

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